Desde el año 2005, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno de Canarias la eliminación del principio de unidad de explotación turística en complejos de apartamentos y bungalows. Esta petición se formalizó en el Dictamen motivado de Infracción nº 2002/4861, que buscaba restituir los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos.

A pesar de esta resolución europea, el Gobierno de Canarias no ha atendido la demanda, permitiendo que los operadores turísticos continúen explotando estos apartamentos en contra del dictamen. En 2022, la ASCAV presentó una denuncia ante las autoridades europeas por esta situación, argumentando la vulneración de los derechos de los propietarios.

Las leyes de ordenación del turismo de Canarias, desde la Ley 7/1995 y la Ley 2/2013, han obligado a más de 200.000 pequeños propietarios a ceder sus propiedades a un único explotador turístico. Esto les impide usar sus viviendas temporalmente, convertirlas en residencia habitual o alquilarlas a terceros, mientras que las derramas por mejoras recaen sobre ellos.

La ASCAV ha expresado su sorpresa ante los recientes anuncios de la consejería de Turismo sobre la modificación de la ley, no por la emergencia habitacional o las reivindicaciones de los afectados, sino por un imperativo europeo. La asociación y las miles de familias afectadas esperan una explicación y medidas urgentes para restablecer los derechos de los propietarios, incluyendo la paralización de sanciones.

Asimismo, la ASCAV insta al Gobierno de Canarias a reconsiderar las modificaciones pendientes de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, atendiendo a las reivindicaciones de numerosas asociaciones y profesionales del sector. Advierten sobre el grave perjuicio que podría causar a la ciudadanía y a la economía del archipiélago si no se declara la actividad clasificada como inocua, lo que podría contravenir los derechos europeos de los pequeños propietarios.