La Demarcación Marina de Canarias, que abarca el 21,7% de su extensión bajo alguna forma de protección legal, enfrenta un desafío significativo. De este porcentaje, solo un 11% dispone de un sistema de gestión activa, implementando medidas concretas contra amenazas como la sobrepesca, la contaminación o el tráfico marítimo intenso. La situación es aún más crítica para los espacios con el nivel más alto de protección, desde el fondo hasta la superficie, que no alcanzan ni el 1% del total.
Estos hallazgos, derivados del proyecto MPAs Canary Islands, subrayan que, aunque la red de protección marina ha crecido en los últimos años, persisten importantes deficiencias en la gestión, gobernanza y custodia efectiva de estos espacios. Octavio Llinás, coordinador del proyecto, atribuye esta situación a la complejidad y lentitud de los trámites necesarios para declarar y gestionar un área marina protegida, más que a una falta de voluntad institucional.
“"Siempre se puede ir más deprisa, pero declarar y gestionar un área marina protegida conlleva un proceso complejo y tedioso."
El proceso para establecer una zona protegida incluye estudios iniciales, una propuesta del Estado a la Unión Europea (UE), la identificación de amenazas y la búsqueda de soluciones, seguido de un periodo de información pública. España se ha comprometido a proteger el 30% del océano para 2030, con un 10% de esa superficie destinada a áreas estrictamente protegidas, como la zona de La Isleta, la costa de San Juan de La Rambla, la franja marina de Fuencaliente o los sebadales de Antequera.
Según los expertos, Canarias desempeña un papel crucial para que España alcance sus objetivos, gracias a la vasta extensión y riqueza de sus valores marinos. La demarcación marítima del archipiélago, que cubre casi 500.000 kilómetros cuadrados (la mitad del total español), es considerada un “hot spot” de biodiversidad. Llinás destaca que el proyecto cuenta con financiación filantrópica americana, lo que demuestra el reconocimiento internacional del valor de este espacio.
Para cumplir con los compromisos internacionales y fortalecer la resiliencia oceánica frente al cambio climático, se considera esencial que Canarias vaya más allá de la protección teórica. El enfoque debe centrarse en mejorar la gestión de las áreas ya declaradas y aumentar la efectividad global de la red. Entre las prioridades propuestas por el comité de expertos se incluyen fortalecer la gobernanza y la financiación, actualizar planes de gestión obsoletos, aumentar la protección estricta, mejorar la conectividad ecológica regional e impulsar la cooperación con regiones como Azores, Madeira, Cabo Verde, Marruecos y Mauritania.
“"Su verdadero valor depende de una gestión eficaz, del seguimiento continuo y de la evaluación periódica de las medidas, para garantizar que generen resultados reales de conservación y puedan mejorarse con el tiempo."
Eva Meyers, líder del estudio e investigadora del Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change, enfatiza que la ampliación de la superficie protegida no es suficiente por sí sola. Actualmente, existen diversas propuestas para nuevos espacios marinos protegidos, como el Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas en El Hierro y el nuevo Parque Nacional de Guguy en Gran Canaria.
