La misiva del jefe del Ejecutivo autonómico insta a Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, a evaluar la situación, movilizar los mecanismos de solidaridad previstos en la normativa europea y convocar una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación. Esta petición se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos de las islas, con especial incidencia en El Hierro.
Clavijo advierte en la carta de la reactivación de las salidas desde la costa occidental africana, particularmente Senegal y Gambia, y del riesgo de consolidación de nuevos itinerarios. Considera que la respuesta debe ir más allá de la gestión de las consecuencias una vez que las embarcaciones llegan a las costas canarias. El presidente plantea cinco actuaciones prioritarias: una evaluación inmediata de la presión migratoria y las necesidades extraordinarias de Canarias; el examen de los mecanismos de solidaridad y financiación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo; el refuerzo de la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia; la movilización de recursos y agencias europeas; y la participación directa del Gobierno canario en el seguimiento de la respuesta.
El presidente solicita una reunión urgente con representantes de la Comisión y de las autoridades españolas. Recuerda que Canarias es una frontera exterior de la Unión Europea y subraya que la situación no puede tratarse como un problema exclusivamente regional o estatal. "La credibilidad del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se juega también en Canarias; la solidaridad no puede limitarse a un principio recogido en la legislación europea: debe hacerse efectiva cuando una frontera exterior de la Unión afronta una situación extraordinaria", afirma en el escrito.
“"Lo que estamos viendo estos días en El Hierro exige anticipación y coordinación y necesitamos que Europa se implique antes de que la presión desborde aún más los recursos de las islas, con apoyo efectivo a España, a Canarias y a los dispositivos de acogida"
Clavijo añadió que "estamos hablando de proteger vidas, atender a las personas con dignidad y garantizar que una responsabilidad europea no recaiga de manera desproporcionada sobre los territorios de primera llegada". En este sentido, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha remitido al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitando medidas urgentes y extraordinarias, especialmente el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en El Hierro.
La petición coincide con la declaración final de la XXX Conferencia de Presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) en Guadalupe. El documento reconoce la presión migratoria y reclama una respuesta europea basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida. Solicita coordinación con la Comisión, aplicación de mecanismos de solidaridad y financiación para la acogida, protección e integración de migrantes, especialmente menores no acompañados, y que las situaciones excepcionales de las RUP se contemplen en el futuro mecanismo europeo de respuesta de emergencia en fronteras exteriores.
El Gobierno de Canarias considera que ambas iniciativas responden a la necesidad de que la condición de frontera exterior atlántica y la insularidad se traduzcan en instrumentos europeos adaptados. Clavijo defendió que la cooperación con África Occidental debe combinar la prevención de salidas peligrosas, la lucha contra redes de tráfico ilícito y la protección de derechos humanos.
La "Declaración de Guadalupe" también aborda otros asuntos. Las RUP reclaman que el reconocimiento de su importancia geoestratégica tenga consecuencias normativas y financieras concretas, aplicando el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Consideran insuficiente el primer paquete de simplificación legislativa y exigen un segundo paquete, reiterando Canarias la necesidad de estudiar 29 adaptaciones normativas no incorporadas.
En la negociación del presupuesto europeo 2028-2034, las RUP piden proteger las asignaciones de cohesión, mantener el POSEI agrícola y crear un POSEI-Transportes. Plantean una red común de seguridad presupuestaria y acceso efectivo a programas europeos. Reclaman una posición coordinada de España, Francia y Portugal.
La declaración defiende la continuidad de excepciones al régimen de comercio de emisiones para transporte aéreo y marítimo, medidas para puertos y adaptaciones del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. En vivienda, pide estudiar soluciones ajustadas a la presión sobre el suelo y la demanda residencial de las RUP.
Clavijo ha insistido en que la unidad de las nueve regiones debe servir para convertir sus reivindicaciones en decisiones verificables, destacando la urgencia de la situación migratoria, pero también su impacto en la vivienda, el transporte y los sectores productivos.
