La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, ha calificado lo sucedido como un “auténtico despropósito” y “absolutamente incompatible con los principios de transparencia, igualdad y seguridad jurídica” que deben regir la administración pública.
Según los testimonios recabados, los aspirantes a cinco plazas de Trabajador Social tuvieron que consignar su nombre, apellidos y DNI en las propias plantillas del examen. Esta práctica vulnera el principio de anonimato, fundamental para garantizar la imparcialidad y evitar posibles tratos de favor en la corrección de las pruebas.
A esta situación se sumó la negativa inicial de permitir a los participantes llevarse la hoja de preguntas, crucial para la autocorrección y posibles impugnaciones. Ante las quejas, se llegó a plantear la posibilidad de que los aspirantes fotografiaran el examen con sus teléfonos móviles, una medida que, según los denunciantes, compromete directamente la fiabilidad de la prueba.
“"Es imposible controlar a más de cien personas para saber si están fotografiando el examen o buscando las respuestas a alguna de las preguntas."
Otro de los puntos de controversia fue la permisividad para ver el examen antes de que este fuera entregado a todos los participantes, lo que, según algunos, comprometió la igualdad de condiciones entre los aspirantes.
“"Es inconcebible que no existan ni las más mínimas garantías de control en una oposición pública donde cientos de personas aspiran a convertirse en funcionarios de carrera."
La portavoz subrayó que estos incidentes “han dañado seriamente la confianza de los aspirantes y la imagen del propio Ayuntamiento”, especialmente considerando el esfuerzo personal y profesional que implica la preparación para este tipo de procesos. La respuesta municipal a las quejas fue calificada de “claramente insuficiente”, lo que llevó a muchos aspirantes a abandonar el examen. Solo entonces se produjo el aplazamiento de la prueba ante la amenaza de impugnación del proceso.
Ante la gravedad de los hechos, el PSOE de Granadilla exige la apertura inmediata de una investigación interna, la elaboración de un informe detallado y la adopción de medidas urgentes para asegurar que futuros procesos selectivos se desarrollen con todas las garantías. Asimismo, se reclaman explicaciones públicas por parte del gobierno municipal y la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel, solicitando la dimisión de la persona responsable del área de Recursos Humanos si no se ofrecen explicaciones convincentes ni se adoptan medidas claras.
