Esta decisión del TSJC, con sede en Las Palmas, es la primera de varias resoluciones esperadas sobre los recursos presentados contra la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria. La sentencia subraya la incompatibilidad de aprobar una revisión urbanística que busca adaptarse a una normativa que ya no está vigente.
“"Resulta incompatible aprobar una revisión urbanística para adaptarse a una normativa derogada."
La resolución judicial también desestima la interpretación del régimen transitorio defendida por la Administración, argumentando que no se respetó el propio régimen transitorio de la Ley del Suelo de Canarias. La revisión del plan insular había sido aprobada definitivamente por el Pleno del Cabildo de Gran Canaria el 29 de diciembre de 2022 y publicada en enero de 2023.
El tribunal enfatiza que la continuidad de la tramitación bajo la normativa anterior no puede justificar la aprobación de un instrumento que carece de contenido legal, al haberse quedado sin efecto la base jurídica a la que pretendía ajustarse. La sentencia impone las costas a las partes vencidas, y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante la misma Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC.
