Representantes de la Federación de AMPAS de Gran Canaria Galdós, como Sergio de la Fe y Marian Álvarez, han insistido en que los docentes ya son ejemplares y no necesitan una ley para reforzar su autoridad. Proponen, en cambio, cumplir con la Ley Canaria de Educación, activar el Observatorio de Convivencia y blindar el Consejo Escolar de Canarias.
“"Estos docentes no necesitan más autoridad por una ley, porque ya son ejemplares. Pasemos de la demagogia de una ley que está vacía y vayamos a la realidad."
Por su parte, Ismene Santiago Posada, de la Federación Insular Majorera de AMPAS, ha puesto el foco en las familias con necesidades educativas especiales (NEAE), destacando que la ley no debería convertir la convivencia escolar en una confrontación con las familias. Además, considera que muchos docentes no se sienten representados por este planteamiento.
Marian Álvarez también ha señalado que la mayoría del profesorado no ha sufrido agresiones, calificando de “irresponsabilidad” plantear la ley desde esa perspectiva. Ha criticado que la discusión se centre en porcentajes mínimos de agresiones, desviando la atención de problemas más significativos.
“"Cuando no hay nada que ofrecer, lo que se hace es echar a pelear. Y eso es irresponsabilidad. Lo que han conseguido es que nos pasemos las mañanas aquí discutiendo si es un 0,0 o es un 0,5 o es un 1,2%."
Álvarez ha resaltado datos preocupantes como que el 49,2% del alumnado de segundo de la ESO solo supera 9 de 25 indicadores de competencias en lengua castellana y literatura, o que el 52,3% solo supera 4 de 20 en matemáticas. También ha mencionado que el 10,2% del alumnado sufre acoso escolar y que el 70% de los casos de suicidio en menores están relacionados con el acoso.
Sergio de la Fe ha añadido que los problemas graves de convivencia ni siquiera figuran entre los cinco temas principales, según la presidenta del Consejo Escolar de Canarias. Ha advertido que donde esta ley ya existe, no solo no ha mejorado el prestigio social del profesorado, sino que ha aumentado la litigiosidad contra familias y alumnos.
La Ley de Autoridad del Profesorado, que ya opera en otras comunidades autónomas, busca reforzar la autoridad docente y proporcionar seguridad jurídica. Sin embargo, las asociaciones de padres y madres no están conformes, y los sindicatos, aunque la respaldan en general, han presentado enmiendas para mejorar su texto.
