La magistrada Silvia Muñoz ha iniciado las diligencias previas 711/26 para esclarecer las anomalías en la gestión de sanciones en Arrecife. La investigación surge tras una querella presentada por el fiscal Fernando Rodríguez Navarro, que fue remitida al Decanato de los Juzgados de Arrecife para su reparto. Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Policía Local de Arrecife, que alertó a los responsables municipales sobre la existencia de numerosos expedientes sancionadores anulados o cancelados sin el debido procedimiento administrativo.
El alcalde Yonathan de León ordenó una investigación interna el otoño pasado, con una providencia fechada el 18 de octubre de 2025. Esta investigación condujo a una auditoría y a informes municipales que fueron enviados a la Fiscalía. Los hallazgos revelaron la existencia de múltiples anulaciones de expedientes sancionadores realizadas en el sistema informático, identificando a los usuarios que ejecutaron dichas acciones.
La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, dado que el Ayuntamiento dejó de ingresar 575.583 euros. Además, se contempla la posibilidad de falsedad en documento público si las anotaciones en el sistema informático para justificar las anulaciones no corresponden a la realidad.
La existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones.
La querella de la Fiscalía se dirige contra siete trabajadores municipales y solicita diversas diligencias de investigación. Entre ellas, se incluye la declaración de estas personas en calidad de investigados, así como la del alcalde Yonathan de León como testigo. También se ha solicitado la declaración de los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y de los responsables de la auditoría del sistema CGI.
Se ha requerido el expediente administrativo completo remitido por el Ayuntamiento sobre las irregularidades en la gestión de multas, y una relación detallada de los 2.279 expedientes sancionadores anulados o cancelados, incluyendo fecha, usuario responsable, motivo e importe. La Fiscalía sospecha que las anulaciones fueron realizadas por los siete funcionarios investigados, a menudo bajo la justificación de una “orden directa del alcalde”, lo que requerirá la declaración de Yonathan de León para esclarecer esta circunstancia.
