El pasado 18 de abril, durante un operativo de vigilancia en la costa este de Fuerteventura, agentes de la Guardia Civil detectaron un vehículo todoterreno en una pista de tierra de difícil acceso. La presencia del vehículo resultó sospechosa, lo que llevó a los agentes a detenerlo para identificar a sus ocupantes.
Al inspeccionar el interior del todoterreno, se encontraron varios fragmentos de un ejemplar de atún rojo recién despiezado, junto con herramientas de corte profesionales y material relacionado con la pesca de altura. Los ocupantes del vehículo admitieron haber capturado el atún horas antes, pero no pudieron presentar la autorización necesaria para la pesca recreativa de esta especie, que está sujeta a un estricto control internacional.
Las investigaciones de la Guardia Civil sugieren que la captura tenía un posible destino comercial, lo cual agrava la situación. La normativa vigente en Canarias prohíbe la venta de piezas obtenidas mediante pesca recreativa. Intentar introducir estos 126 kilos en el circuito comercial no solo representa una competencia desleal, sino también un riesgo sanitario debido a la falta de trazabilidad oficial.
La Ley de Pesca de Canarias es especialmente estricta con estas conductas, tipificando las sanciones en tres niveles de gravedad que pueden acarrear consecuencias económicas devastadoras para los infractores.
Tras la intervención, la carne fue trasladada a instalaciones oficiales para su pesaje, registrando un total de 126,15 kilogramos. Se han notificado nueve infracciones administrativas, y las sanciones por este tipo de conductas pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para infracciones graves, y entre 60.001 y 300.000 euros para las muy graves. Las autoridades recuerdan que la pesca ilegal no solo conlleva la pérdida de la mercancía y las herramientas, sino también multas elevadas y un impacto negativo en la sostenibilidad de los recursos marinos del archipiélago.
