El objetivo de esta alianza es convertir la compra pública insular en una herramienta efectiva para la cohesión social, la generación de empleo inclusivo y el desarrollo económico local. La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer el tejido de empresas sociales en Fuerteventura, actualmente reducido, para aprovechar las oportunidades que ofrece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
La colaboración se estructurará en tres ejes principales: formación, asesoramiento personalizado y acompañamiento técnico. Ya ha comenzado una primera sesión formativa para el personal del Cabildo sobre el marco normativo, la reserva de contratos y la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de licitación.
En los próximos meses, se ofrecerá asesoramiento a los servicios promotores de contratos para identificar prestaciones reservables y diseñar licitaciones accesibles a entidades de economía social. Asimismo, se brindará acompañamiento técnico para la elaboración de un Acuerdo de Gobierno del Cabildo que fije porcentajes mínimos de reserva, criterios de contratación estratégica y mecanismos de seguimiento.
“"Este tipo de iniciativas generan empleo para las personas más vulnerables de la isla y promueven una contratación pública más justa socialmente."
“"La contratación reservada no es una opción, es una obligación legal y una oportunidad. Un Acuerdo de Gobierno bien diseñado permite pasar de la norma a la práctica y ofrecer seguridad a los equipos técnicos y a las entidades sociales."
Ambas entidades confían en que este proyecto posicione a Fuerteventura como un referente en Canarias en el uso de la compra pública como motor de inclusión social.
