La plantilla, compuesta por más de 200 efectivos, se ha manifestado frente a la Casa Palacio, sede del Cabildo, denunciando el incumplimiento de la normativa que debería haber entrado en vigor el pasado año. Esta ley les garantizaría complementos por morbilidad, toxicidad, peligrosidad y penosidad, así como la posibilidad de jubilaciones anticipadas y planes de prevención de riesgos específicos para su labor.
“"De nosotros sólo se acuerda la gente cuando hay un incendio. El resto del año quedamos en el olvido."
Los trabajadores, que incluyen a los agentes Presa y Bravo de la Unidad Operativa de Incendios Forestales (UOFF), perciben actualmente salarios mensuales que oscilan entre los 1.200 y 1.500 euros. Además, denuncian retrasos crónicos en el pago de localizaciones y movilizaciones, lo que les obliga a realizar declaraciones de la renta complementarias. Por ejemplo, en abril de este año recibieron pagos correspondientes a junio de 2025.
La mayoría de la UOFF es personal fijo discontinuo, trabajando 10,5 meses al año. A pesar de la peligrosidad de su trabajo, que incluye el uso de maquinaria como desbrozadoras y motosierras, reciben complementos modestos: 30 euros mensuales por el uso de herramientas forestales, 60 euros por la conducción de vehículos en pistas forestales y 200 euros por ser helitransportados. No perciben compensación por el uso de antorchas en quemas prescritas.
El consejero de Medio Ambiente, Raúl García, ha señalado que la aplicación de la categoría de bomberos forestales requiere que el Gobierno de Canarias desarrolle el reglamento de categorías profesionales, un paso aún pendiente. No obstante, asegura que el Cabildo está gestionando con la Tesorería de la Seguridad Social la aplicación de nuevos códigos profesionales y la jubilación anticipada para 16 trabajadores, además de elaborar un borrador para atender las demandas salariales.
