El Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria ha sufrido un revés significativo. Iniciado para adaptarse a una ley vigente, su tramitación se prolongó tanto que, para cuando estuvo listo para su aprobación, la ley original había sido modificada y eliminada, dejando el plan obsoleto y sin aplicación práctica.

Este desenlace genera pesar por el considerable esfuerzo técnico invertido, ahora dilapidado. El documento, que buscaba definir el futuro de la isla, se percibe como un texto extenso y complejo, carente de una visión que refleje el 'alma' de Gran Canaria, entendida como la fusión de la vida de sus habitantes y su memoria colectiva.

Se subraya la necesidad de valorar la naturaleza y herencia únicas de la isla, reclamando un liderazgo que presente propuestas concretas. La gestión del territorio se compara con el derecho penal, abogando por una intervención mínima y un trato similar al exigido en el Derecho Civil, como un 'diligente padre de familia'.

Se aboga por leyes territoriales escasas y de fácil comprensión, que fomenten la costumbre en lugar de la imposición. El PIO, criticado por su excesivo enfoque en prohibiciones y dificultades, genera decepción. Se propone un manual de instrucciones breve, siguiendo el principio de que 'la brevedad es el atributo del genio', para fomentar el optimismo.

El plan ideal debería funcionar como un 'catecismo laico', detallando más acciones a realizar que las prohibiciones. Se advierte del riesgo de caer en un escenario de control excesivo, similar a la 'habitación 101' de Orwell, si no se enfoca en la calidad moral y el comportamiento positivo hacia la isla.

Se ilustra la crítica con ejemplos concretos. En la playa de La Laja, se sabe qué no se puede hacer, pero falta visión sobre cómo será la entrada a la ciudad. En El Confital, se desconoce la 'puerta del fondo', y en La Aldea, la 'esquina de la isla'. Se cuestiona la falta de incentivos para potenciar el sector agrícola y el paisaje rural, en lugar de centrarse en restricciones.