Expertos y autoridades sanitarias de Canarias han lanzado una seria advertencia: el archipiélago no puede continuar dependiendo de los vertederos para la gestión de sus residuos. La acumulación anual de 1,2 millones de toneladas de basura, equivalente a llenar el Estadio de Gran Canaria en apenas seis meses, evidencia un modelo insostenible que consume valioso suelo y genera graves problemas ambientales.
Ante esta encrucijada, se plantea la necesidad de adoptar sistemas de gestión más eficientes y sostenibles, similares a los ya implementados en otras comunidades autónomas y países europeos como Bélgica, Dinamarca y Alemania. La instalación de plantas de valorización energética, comúnmente conocidas como incineradoras, se perfila como una solución clave. Estas instalaciones no solo destruyen los residuos sin ocupar espacio adicional, sino que también generan energía eléctrica y térmica, una alternativa más productiva que la actual inversión en geotermia.
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular promueve los principios de autosuficiencia y proximidad, principios que Canarias incumple actualmente. La alternativa de derivar los residuos a otras comunidades autónomas conlleva un elevado coste económico para los ciudadanos y el riesgo de ser rechazados, como ya ha sucedido con Andalucía y el amianto.
La falta de planificación a largo plazo, la complejidad administrativa con competencias divididas entre ayuntamientos, cabildos y el gobierno regional, y el temor político a asumir decisiones impopulares, han contribuido a la actual 'bomba de relojería', según Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. La resistencia social a nuevos proyectos y la proximidad de las elecciones agravan la parálisis, llevando a una inacción que perjudica el futuro de las islas.
Actualmente, solo el 9% de la basura generada en Canarias se recicla, mientras que el 91% restante acaba enterrado en vertederos que se organizan por celdas. Estas instalaciones, gestionadas por los cabildos, se encuentran al límite de su capacidad. En Gran Canaria, el vertedero de Salto del Negro tiene capacidad hasta finales de 2028 y el de Juan Grande hasta mediados de 2029. Situaciones similares se repiten en Lanzarote (Zonzamas), La Palma (Los Morenos), La Gomera (El Revolcadero), El Hierro (La Dehesa) y Tenerife (Arico).
Diversas fuentes consultadas sugieren la creación de al menos dos plantas incineradoras en las islas principales. Tenerife lidera la generación de residuos con un 41,4% del total, seguida de Gran Canaria con un 36,56%. La oposición de algunas islas a recibir residuos de otras, como Tenerife respecto a El Hierro, complica aún más la búsqueda de soluciones.
La Consejería de Transición Ecológica ha iniciado el proceso para estudiar la viabilidad técnica y económica de instalar una planta de valorización energética en Gran Canaria, con una inversión prevista de 15.000 euros para un estudio inicial. Posteriormente, se prevé un contrato similar para Tenerife. Estos estudios analizarán al menos dos localizaciones viables en cada isla, buscando la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, ambiental, urbanístico y administrativo, a pesar de la falta de consenso inicial con los cabildos.
