Esta decisión pone en riesgo el futuro de 42 cuidadores, desatando un conflicto entre los sindicatos y el Gobierno de Canarias. Comisiones Obreras (CC.OO.) reclama la subrogación de los contratos por parte del ejecutivo autonómico para mantener los puestos de trabajo, una demanda que la consejería responsable ha rechazado.
Zayda González, coordinadora de intervención social de CC.OO. Canarias, ha calificado la situación de "especialmente sangrante", denunciando que los trabajadores han desempeñado su labor "de forma ejemplar" desde 2019 en condiciones de "gran precariedad" bajo un contrato de emergencia que mantuvo sus salarios congelados durante años. Critica que esta precariedad se ha prolongado casi nueve años, cuando el recurso ya no era de emergencia.
El sindicato considera "irrisoria" la justificación del despido, argumentando que el motivo es la imposibilidad de asumir las subidas salariales. González lamenta la "falta de empatía" hacia plantillas que han afrontado crisis y pandemia con "condiciones muy mermadas".
Asimismo, ha denunciado la "falta de transparencia y buena fe" en el proceso, ya que los trabajadores fueron informados del cierre el 16 de junio, con efecto el 1 de julio, a pesar de que las negociaciones se mantenían en secreto desde mayo. "A ellos de golpe y porrazo le han dicho que el centro cierra el 1 de julio. Pues no veo que se hayan respetado los plazos, no veo que haya habido un principio de buena fe para negociar la reubicación", sentenció.
Desde CCOO se señala una contradicción en las políticas del Gobierno de Canarias, que promueve recursos residenciales pequeños para atención individualizada, pero ahora cierra dos centros de este perfil para reubicar a los menores en otros más grandes. Según González, esto rompe "una vinculación y un arraigo, no solo a los educadores, sino a la tierra, al barrio", por lo que pide mantener el servicio y al personal buscando una fórmula legal viable.
“"Cuiden al personal, cuiden a esta familia, y no contribuyan a aumentar la precariedad en Canarias"
La coordinadora sindical ha recordado la dificultad para encontrar personal en el sector de cuidados a menores debido a su alta precariedad y movilidad, instando a la empresa gestora a reubicar a los trabajadores con experiencia. Advierte que, aunque el número de menores atendidos ha descendido, las llegadas no han cesado, y se pregunta qué se hará si se despide a personal con experiencia para luego tener que buscarlo de nuevo en pocas semanas, insistiendo en la viabilidad económica de mantenerlos.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha justificado el cierre por la baja ocupación de los centros, lo que hace "insostenible" mantener contratos de emergencia que estipulan el pago por plaza. Ha rechazado frontalmente la petición de subrogación de los 42 empleados, calificándola de "ilógica" e "irreal", y ha afirmado que "cuando se termina el contrato, se termina el contrato". Ha explicado que, al tratarse de un contrato de emergencia con una empresa privada, es esta la que debe gestionar a sus empleados, y que la competencia del acogimiento residencial es de los cabildos, no del ejecutivo regional que solo la asumió por emergencia.
