La Plataforma en defensa de las universidades públicas de Canarias (UUPP Canarias) ha lanzado una iniciativa ciudadana que busca asegurar la estabilidad financiera de estos centros. El manifiesto, presentado el martes, demanda el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la asignación de al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la enseñanza superior pública.
El objetivo principal es consolidar el papel de la universidad como un «ascensor social» fundamental y un garante de la igualdad de oportunidades. La propuesta surge en un contexto de constantes demandas de recursos por parte de las universidades al Gobierno autonómico, y con la aprobación de un contrato programa de financiación plurianual aún pendiente.
“"Estamos haciendo muchos esfuerzos pero necesitamos garantías en el sentido económico financiero."
Representantes de las universidades, incluyendo a los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL), destacaron la «urgente necesidad» de contar con fondos adecuados para afrontar desafíos como la adaptación de la oferta académica a las nuevas demandas del mercado y la expansión de microcredenciales. Se señaló que la financiación actual se encuentra significativamente por debajo de lo establecido por la normativa.
El manifiesto también subraya la importancia de reforzar la autonomía y la libertad académica, argumentando que «una universidad bien financiada es una universidad independiente». Se advierte que la falta de recursos no solo debilita la enseñanza superior, sino que también compromete el desarrollo social y la capacidad de la universidad para servir eficazmente a la sociedad.
Diversas personalidades del ámbito académico y social han expresado su apoyo a la iniciativa, enfatizando el rol estratégico de las universidades como inversión que genera conocimiento esencial para la gestión y el progreso de las islas Canarias. La iniciativa busca recabar 5.000 firmas de apoyo, habiendo superado ya las 700.
