Aplazado juicio por 1,5 toneladas de hachís en Gran Canaria por recusación de magistrado

La vista se traslada al 25 de noviembre tras la recusación de un juez que intervino en la fase de instrucción de la causa.

Imagen de bloques de hachís apilados en un almacén.
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Imagen de bloques de hachís apilados en un almacén.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el juicio contra cuatro hombres acusados de introducir más de 1,5 toneladas de hachís en Gran Canaria, aplazándolo al 25 de noviembre.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido este martes el juicio previsto contra cuatro hombres acusados de introducir más de 1,5 toneladas de hachís en Gran Canaria. La vista se ha aplazado al próximo 25 de noviembre a las 9.30 horas debido a la recusación de uno de los magistrados.
La defensa de uno de los acusados planteó la recusación del magistrado Pedro Herrera, argumentando que su participación previa en la fase de instrucción, resolviendo un recurso sobre la legalidad de entradas y registros, podría considerarse una 'contaminación' de su imparcialidad. El abogado Miguel Ángel Pérez Diepa expuso que el magistrado ya había deliberado sobre aspectos clave de la investigación.
El propio magistrado Herrera reconoció que su actuación podría estar 'contaminada' y anunció su abstención. Formaba parte del tribunal en sustitución de un compañero por enfermedad. Ante esta situación, la Sala, presidida por el magistrado José Luis Goizueta, acordó la suspensión.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los encausados se habrían organizado para transportar por vía marítima desde Marruecos a Gran Canaria una importante cantidad de resina de cannabis. La droga, que sumaba 1.501 kilos distribuidos en 75 sacos, fue supuestamente desembarcada en la playa del Juncal y trasladada a una vivienda en Gáldar para su posterior distribución.
Las investigaciones, llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil, permitieron la intervención de la sustancia estupefaciente y la localización de dos de los implicados abandonando la vivienda donde se almacenaba. En el registro se intervino también una báscula mecánica.
La Fiscalía estima el valor de la droga en más de 3,1 millones de euros en el mercado ilícito y considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública con las agravantes de notoria importancia y extrema gravedad por el uso de embarcación. El Ministerio Público solicita seis años de prisión y multas millonarias para cada acusado.