La intervención se produjo tras detectar que el coche estaba estacionado en una plaza habilitada para usuarios autorizados, utilizando una tarjeta de movilidad reducida (PMR) que había caducado en el año 2013. Además, la acreditación figuraba a nombre de una persona que ya había fallecido.
Tras verificar la situación, los agentes procedieron a la retirada del vehículo, que fue trasladado al depósito municipal. Asimismo, se intervino la tarjeta utilizada, que se considera un elemento clave en el presunto uso fraudulento.
“"El uso indebido de este tipo de acreditaciones no solo supone una infracción administrativa, sino que en determinados casos puede constituir delito, especialmente cuando se emplean documentos de terceros o tarjetas sin validez para obtener ventajas indebidas."
Las autoridades locales recuerdan que las plazas reservadas para personas con movilidad reducida tienen como finalidad facilitar el acceso a centros sanitarios, edificios públicos y otras zonas de necesidad a quienes realmente las requieren. Por ello, se insiste en la importancia de perseguir y sancionar este tipo de conductas fraudulentas para garantizar el correcto uso de estos espacios.
