La máxima responsable del instrumento urbanístico insular ha expresado que el documento está "completamente ajustado a derecho" y lamenta que numerosos proyectos de "interés general" queden ahora sin amparo legal. Considera que existen fundamentos suficientes para presentar un recurso de casación tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como ante el Tribunal Supremo.

Según la consejera, la sentencia del TSJC se basa en una lectura parcial y errónea, al afirmar que la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General está derogada, lo cual no es cierto. Además, critica que el tribunal se haya centrado en la memoria informativa del Plan en lugar de analizar la normativa que establece las determinaciones obligatorias.

La anulación del PIO podría frustrar proyectos de desarrollo sostenible, especialmente en el ámbito de las energías renovables, al no contar con un marco legal que los respalde. Esto incluye la ampliación de zonas para energía eólica y el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas, así como actividades como la acuicultura. Aunque el proyecto de Salto de Chira no se vería afectado, otros proyectos similares previstos en La Aldea sí podrían paralizarse.

El sector primario también sufriría un grave perjuicio, ya que el PIO preveía una ampliación del suelo destinado a la actividad agrícola. Además, se produciría una desprotección de espacios naturales y se limitaría la ejecución de proyectos como el Ecoparque sur. En el ámbito turístico, la anulación paralizaría el desarrollo de un modelo turístico identitario en el norte, noroeste e interior de la isla, que se apartaba del turismo de masas.

En cuanto a la movilidad, el desarrollo del tren no se vería afectado, pero sí la ejecución de vías de menos de tres kilómetros y proyectos como la circunvalación de Mogán o la vía alternativa en el noroeste. El Cabildo confía en evitar la anulación definitiva del Plan y está analizando la vía más adecuada para presentar los recursos de casación.