La sentencia del TSJC, que anula la revisión del PIO por supuestamente no adaptarse a la Ley del Suelo, fue el tema central del pleno del Cabildo. El presidente insular, Antonio Morales, calificó la decisión judicial de «injusta, errónea, superficial y desproporcionada».

Según el presidente, la sentencia parte de un error al considerar derogada la Ley de Directrices, cuando varias de sus disposiciones siguen vigentes. Además, argumentó que el sustento principal del PIO es la Ley del Suelo. El gobierno insular ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el TSJC, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y analizará la viabilidad de acudir a tribunales europeos.

El vicepresidente primero y líder del PSOE en el Cabildo, Augusto Hidalgo, respaldó la postura del gobierno, señalando que la sentencia se contradice al afirmar que las Directrices están derogadas. Explicó que la disposición transitoria sexta de la Ley del Suelo permite a las administraciones continuar con modificaciones de planeamiento basadas en las Directrices no derogadas, lo cual fue el caso del Cabildo.

Por su parte, el principal partido de la oposición, el PP, a través de su portavoz, Miguel Jorge, preguntó si el gobierno insular dispone de un «plan B» en caso de que la sentencia se haga firme, dada la «muy mala noticia» que representa para la isla. El presidente insular respondió que la tramitación de un nuevo PIO podría tardar más de diez años, recordando que el actual tardó 13 años en gestarse.

Otro partido de la oposición también inquirió sobre la posibilidad de iniciar una nueva revisión del plan para cubrir un posible vacío legal y recordó que existen otros procedimientos judiciales que también buscan la anulación del PIO. Un tercer partido de la oposición expresó su «estupefacción» ante la reacción del presidente y cuestionó las responsabilidades políticas ante las posibles consecuencias de la anulación.