Esta aprobación, alcanzada por unanimidad, no prevé «efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas, protectoras y correctoras previstas» en el estudio correspondiente. La decisión permite a la empresa pública Ferrocarriles de Gran Canaria iniciar el proceso de expropiación de los terrenos afectados.

La declaración favorable incluye decenas de condicionantes que abarcan todos los elementos del proyecto, desde las once estaciones planificadas hasta el parque eólico asociado, las cocheras y los viaductos. Se establece la necesidad de crear una comisión de seguimiento en un plazo de seis meses, la cual deberá mantenerse activa hasta dos años después de la puesta en marcha de la línea ferroviaria.

El trazado de aproximadamente 58 kilómetros de longitud contará con doble vía entre las estaciones de San Telmo y Playa del Inglés, y vía única en los tramos urbanos de Santa Catalina-San Telmo y Playa del Inglés-Maspalomas. Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h, recorriendo municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.

Las once estaciones se ubicarán estratégicamente en los núcleos de mayor demanda, funcionando como nodos intermodales con aparcamientos disuasorios y conexiones con otros medios de transporte. Además, se instalarán talleres, áreas de mantenimiento, cocheras, un centro de control en Vecindario y un parque eólico de 26,4 MW para el autoabastecimiento energético del sistema.

Para las expropiaciones, Ferrocarriles de Gran Canaria dispone de un presupuesto de casi 16,67 millones de euros. La relación de bienes y derechos a expropiar ha sido elaborada en colaboración con Ineco, entidad del Ministerio de Transportes. Este proyecto, declarado de interés insular estratégico, busca aliviar la congestión de la autovía GC-1 y mejorar el transporte público colectivo, alineándose con las estrategias de movilidad y energía nacionales y europeas.