La comunidad universitaria y la sociedad civil de Canarias han alzado la voz en defensa de la universidad pública, manifestando su preocupación por las decisiones que, según denuncian, debilitan el sistema educativo superior. El Cabildo de Gran Canaria ha expresado su firme apoyo a las reivindicaciones planteadas en un manifiesto que busca proteger la autonomía y el progreso de las instituciones académicas.
El documento subraya la importancia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) como pilares fundamentales para el desarrollo integral del archipiélago. Se advierte que debilitar o desmantelar estas instituciones pone en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo para las próximas décadas.
La universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico.
Entre las principales preocupaciones destacadas en el manifiesto se encuentran la financiación deficitaria, la reciente Ley de Consejos Sociales, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la creciente potenciación de las universidades privadas. Estas acciones, según los firmantes, constituyen una estrategia deliberada para debilitar a las universidades públicas.
La asfixia económica es un punto crítico, ya que la ULPGC ha enfrentado una financiación insuficiente, con una situación que ha empeorado en los últimos dos años. Se señala que Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, una cifra inferior a la media estatal y europea, lo que repercute en la precariedad de las plantillas y la falta de infraestructuras básicas.
El manifiesto también critica la Ley de Consejos Sociales, aprobada sin el consenso de los órganos de gobierno universitarios, y el proyecto de Ley de la Ciencia, que se tramita sin consultar a las universidades, a pesar de que estas concentran más del 95% de la investigación en el archipiélago. Además, se denuncia la desproporcionada aprobación de nuevos títulos para universidades privadas frente a las públicas, lo que podría generar una selección social basada en la capacidad económica.
“"Esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado."
La iniciativa ciudadana busca un nuevo pacto por la educación superior en Canarias, que incluya una financiación pública estable, la estabilización del profesorado, la mejora de la empleabilidad estudiantil, la visibilización del conocimiento generado y el fomento del acceso para toda la juventud, especialmente la de menos recursos. El Cabildo de Gran Canaria reafirma su compromiso con un sistema universitario público de calidad y accesible, recordando la movilización social que dio origen a la ULPGC hace 40 años.
