La amenaza de Bruselas ha impulsado la creación de un grupo de trabajo, en el que participa Canarias junto a otras comunidades autónomas y el Ministerio de Función Pública. El objetivo es analizar con urgencia posibles modificaciones legislativas y otras alternativas para reducir la temporalidad en el empleo público, que persiste a pesar de los procesos de estabilización de interinos implementados en los últimos cuatro años.
El pasado 29 de abril, la Comisión Europea remitió dos dictámenes motivados al Gobierno español, calificando de «insatisfactoria» la respuesta del Estado ante el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector público. Desde 2015, Bruselas ha instado a España a establecer medidas para prevenir este abuso y aplicar sanciones adecuadas a las administraciones infractoras, llegando incluso a advertir sobre posibles retenciones de fondos europeos.
Como respuesta a estas advertencias, el Gobierno aprobó la Ley 20/2021, destinada a reducir la temporalidad mediante procesos de estabilización. En el caso de Canarias, se esperaba la consolidación de unos 20.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, solo se han estabilizado 3.500 de la Administración General, mientras que los procesos en Sanidad y Educación, donde se concentra el mayor volumen de personal interino, aún no han concluido. Los dictámenes recientes de Bruselas se producen tras una sentencia del TJUE que ratificó la insuficiencia de esta ley para resolver el problema.
“"Las explicaciones facilitadas siguen siendo insatisfactorias."
Tras recibir los dictámenes, el Ministerio de Función Pública convocó de urgencia a las comunidades autónomas para estudiar nuevas iniciativas. La Administración del Estado considera que la temporalidad se concentra principalmente en las comunidades, con una tasa media del 40% frente al 4,7% del Estado, especialmente en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas del 40% y 43% respectivamente. Aunque el Ejecutivo regional de Canarias no ha precisado el porcentaje de interinidad tras la estabilización, el Ministerio de Función Pública admite que no se alcanzará el 8% pactado entre España y Bruselas, y los sindicatos estiman que la tasa superará el 20%.
El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Función Pública y las comunidades autónomas se encargará de estudiar cambios normativos para agilizar los procesos selectivos y establecer sanciones para las administraciones que abusen de la temporalidad. Además, el Ministerio ha solicitado a las comunidades que actualicen sus cifras para obtener una visión completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos, a pesar de que la ley establecía el cierre de estos procesos en 2024.
