La corporación municipal de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la revisión de aproximadamente 100.000 sanciones impuestas anualmente por estacionamiento en zonas azul o verde sin el tique correspondiente o por exceder el tiempo permitido. Este proceso se debe a una deficiencia en el sistema de tramitación de cobro que ha estado en vigor durante años.
El error consistía en que el Ayuntamiento no comunicaba al usuario la propuesta de liquidación de la deuda antes de proceder directamente a la reclamación del importe. Esta omisión contraviene el procedimiento legal tributario establecido para el cobro de tasas, lo que podría invalidar dichas liquidaciones.
“"Nosotros hacíamos la liquidación y faltaba un trámite previo, que es poner en conocimiento del usuario la propuesta de liquidación."
Para corregir esta situación, se ha implementado un sistema automatizado para la apertura de expedientes y la notificación de las propuestas de liquidación. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, afirmó que esta medida busca solucionar un problema de larga data en la ciudad, adaptando la gestión a la normativa vigente.
Un portavoz del Consistorio explicó que la Hacienda municipal está adoptando un «sistema más garantista». Aunque el Ayuntamiento sostiene que el procedimiento anterior no vulneró derechos, ya que permitía alegaciones y recursos, los órganos consultivos han recomendado un proceso distinto que incluya la propuesta de liquidación previa.
La falta de este trámite podría llevar a la anulación del cobro de la tasa, que asciende a 6 euros por exceder el tiempo de aparcamiento (2 euros si se abona en la primera hora) y 8 euros por estacionar sin tique. Esta revisión no afecta a quienes sí abonan la autoliquidación por el uso del estacionamiento regulado.
Según la memoria de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) de 2026, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 7.001 plazas de estacionamiento regulado, de las cuales 3.857 son de zona azul y 3.144 de zona verde. El estacionamiento regulado genera ingresos anuales superiores a los cinco millones de euros, a los que se suman unos 700.000 euros por reclamaciones de impago o exceso de tiempo, que son el foco de la actual revisión.
