El texto legislativo supone una actualización profunda del marco legal vigente desde 2014. La reforma responde a la necesidad de integrar los cambios en los hábitos de consumo informativo y la aparición de plataformas digitales, además de alinearse con la normativa estatal reciente.
Uno de los pilares de la nueva norma es la reestructuración de la gobernanza. Se establece un mandato de cinco años para la Junta de Control, desvinculado de los ciclos electorales, con el objetivo de asegurar la continuidad en la gestión y evitar bloqueos institucionales.
La ley también contempla la creación de un Comité Profesional para proteger la independencia y veracidad de los servicios informativos. Asimismo, se refuerza el Consejo Asesor de Participación Social para garantizar una mayor transparencia y calidad en la producción de contenidos.
