Durante la comisión de Obras Públicas, diversos grupos parlamentarios han cuestionado la evolución de la norma. Lo que comenzó como una iniciativa centrada en reducir las demoras administrativas para obtener permisos de construcción ha incorporado, según las críticas, múltiples modificaciones que desvirtúan su propósito inicial.
El debate se ha centrado especialmente en la regulación de la vivienda vacacional. Entre las medidas aprobadas en comisión destaca la declaración del uso turístico como actividad inocua y la creación de un régimen para viviendas ya habilitadas, además de un plazo hasta julio de 2027 para regularizar comunicaciones previas.
Desde los grupos que sustentan al Gobierno se ha defendido que el texto sigue siendo una herramienta clave para facilitar suelo y reducir la burocracia. Por el contrario, la oposición ha advertido sobre posibles riesgos de inseguridad jurídica y ha criticado que se utilicen estas modificaciones para tratar materias que consideran desconectadas de la agilización de licencias.
