El Consejo de Gobierno de la institución insular dio luz verde a las cuentas, que priorizan la mejora de la vida de los ciudadanos a través de la inversión pública. El presidente, Casimiro Curbelo, destacó que el presupuesto busca "convertir los recursos públicos en más oportunidades y una mejor vida para la gente de La Gomera", atendiendo las necesidades de las familias y acompañando a quienes estudian, trabajan o desarrollan su actividad en la isla.
El bienestar social es una de las principales partidas, con una dotación de 16,23 millones de euros. De esta cifra, 9,8 millones se destinarán a la atención a mayores y dependientes en centros sociosanitarios, y 1,3 millones a ayudas sanitarias. Se contemplan también partidas para menores, diversidad funcional, teleasistencia y atención a la mujer.
En materia de sostenibilidad, las cuentas prevén 10,22 millones de euros para actuaciones como la gestión del Complejo Medioambiental y el Punto Limpio (4,1 millones), la recogida selectiva (un millón), y la instalación de placas solares y adquisición de vehículos eléctricos (1,3 millones).
La movilidad y las infraestructuras recibirán 7,7 millones de euros para transporte público y 7,9 millones para infraestructuras, a lo que se suman 2,4 millones para vivienda y 1,9 millones para fomento del empleo.
El área conjunta de educación, cultura, patrimonio, juventud y deporte contará con 7,7 millones de euros. Dentro del apoyo educativo, las becas dispondrán de 1,8 millones, complementados con ayudas para Erasmus (80.000 euros), transporte (400.000 euros) y libros de texto (200.000 euros).
El ámbito económico, comercio y turismo dispondrá de 3,9 millones de euros; el fomento de la industria, de 3,6 millones; y el sector primario, de 2,3 millones. Se incluyen ayudas a pymes y al sector primario por un millón de euros cada una.
La consejera de Economía y Hacienda, Cristina Ventura, explicó que la aprobación inicial permite avanzar en la tramitación, y que tras el plazo de enmiendas se procederá a la aprobación definitiva para su entrada en vigor el 1 de enero de 2027. El objetivo es que la institución cuente desde el inicio del ejercicio con las cuentas necesarias para desarrollar las actuaciones previstas y dar continuidad a los servicios.
