El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, informó en comisión parlamentaria que cada una de las 51 alegaciones presentadas al proyecto de ley de ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja será respondida individualmente. El siguiente paso será obtener el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma antes de elevarlo al Consejo de Gobierno.
Miranda prevé que el documento, tras pasar por el Consejo Consultivo, sea remitido al Parlamento de Canarias antes de que finalice el año, un plazo que la diputada socialista Alicia Vanoostende considera "muy optimista".
El consejero recalcó que el expediente está "muy avanzado" y reconoció la dificultad de "buscar un equilibrio entre la protección del medio y paisajística y satisfacer las necesidades de las personas que perdieron sus viviendas y explotaciones agrícolas". Aseguró que se trabaja con "rigor científico" y en coordinación con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle de Aridane.
Vanoostende expresó su preocupación por la demora en la delimitación de estos espacios protegidos, señalando que el periodo de exposición pública finalizó hace 40 días. Recordó que, una vez aprobada la ley, el Cabildo de La Palma deberá modificar el plan rector del Parque Natural de Cumbre Vieja, que data de 2001 y es "bastante restrictivo".
La diputada socialista reclamó al Gobierno de Canarias el pago de compensaciones a los dueños de parcelas protegidas y preguntó si la reconstrucción de la LP-2 se vería afectada. Miranda respondió que, hasta donde sabe, las obras de la LP2 están habilitadas independientemente de esta delimitación.
En la misma comisión, el consejero avanzó que la actualización de la Ley de Suelo, vigente desde 2017, entrará previsiblemente en el Parlamento el próximo mes. El diputado socialista Rafael Nogales criticó "titulares y declaraciones incumplidas" en los últimos tres años, mientras los ayuntamientos sufren "mucha inseguridad jurídica".
Nogales señaló que el Gobierno de Canarias ha aprobado cuatro decretos de urgencia "pellizcando la ley vigente", algunos con informes en contra del Consejo Consultivo, y lamentó la falta de una "hoja de ruta clara en materia territorial y urbanística".
Miranda lanzó un "mensaje de tranquilidad" a los ayuntamientos, asegurando que los decretos "buscan soluciones inmediatas a problemas reales" y no generan inseguridad jurídica. Explicó que estas medidas, que se recogerán en la ley, simplifican procedimientos, reducen cargas y facilitan la compatibilidad entre territorio y actividad económica.
Sobre el modelo territorial, Miranda defendió que la Ley del suelo de 2017 es "ambiciosa" pero necesita actualización debido a los cambios sociales y la evolución jurisprudencial. Admitió que el trabajo se realiza "sin prisa y de forma dialogada", aunque "no con la celeridad que nos habría gustado".
