Esta práctica, que se ha vuelto una tendencia creciente en el archipiélago, representa un costo significativo para los trabajadores y la economía local. Las cifras, extraídas de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ajustadas por una infradeclaración del 25%, revelan un récord preocupante en la región.
El fenómeno de las horas extras no pagadas no solo afecta directamente a los asalariados, quienes reciben menos de lo que les corresponde, sino que también impacta negativamente en la recaudación fiscal de la Administración y reduce la competitividad de las empresas que operan dentro de la legalidad. El miedo a represalias, como el despido, contribuye al silencio de muchos trabajadores.
Solo con contemplar los números del último año sobran los motivos para activar el botón de alarma, pero observar el incremento de dinero espurio ahorrado a través de estas prácticas delictivas en los últimos diez años –un 50%– da para el clamor.
Desde la salida de la Gran Recesión en 2015, la cantidad de horas extras no remuneradas ha mostrado una trayectoria ascendente, solo interrumpida por la brusca caída de la actividad económica durante la crisis sanitaria de 2020. Sin embargo, en 2023, el volumen de estas prácticas ya había regresado a los niveles previos a la pandemia, y ha continuado creciendo sin freno en los años siguientes.
Aunque el problema no es exclusivo de Canarias, que ocupa el octavo puesto en el ranking de comunidades autónomas españolas, el valor de las horas extraordinarias no abonadas supera los cien millones de euros en otras siete regiones. Contrario a lo que se podría pensar, el sector turístico no es el más afectado por esta problemática, según un estudio del sindicato CCOO. La educación, el transporte y almacenamiento, y la industria manufacturera son algunos de los sectores con mayor concentración de horas extras no pagadas.
