Esta decisión se produce después de que las negociaciones para transferir la gestión del servicio a una tercera compañía no llegaran a buen puerto. El procedimiento se basa en el contrato firmado en 2013 entre Canal Isabel II y el Consorcio, que contemplaba la posibilidad de ceder la gestión para asegurar la continuidad del suministro de agua en la isla.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, explicó que el objetivo principal no era simplemente sustituir una empresa por otra, sino garantizar una mejora sustancial en la calidad del servicio para los ciudadanos de Lanzarote. A pesar de los esfuerzos del Consorcio por encontrar una solución ordenada, Canal Gestión no logró un acuerdo con otra entidad, lo que ha impulsado la resolución del contrato.
“"El Consorcio ha actuado siempre con seriedad y responsabilidad, buscando la mejor solución para los usuarios."
La resolución se fundamenta en un expediente iniciado por el Consorcio del Agua debido a los reiterados incumplimientos de Canal Gestión. Entre las deficiencias señaladas se encuentran la deficiente conservación de infraestructuras, la falta de reparación de fugas y averías, y la insuficiente ejecución de las inversiones comprometidas. Estas carencias han provocado pérdidas de agua que superan el 30%, muy por encima de lo estipulado en el contrato, afectando la calidad y regularidad del suministro en Lanzarote.
La decisión cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias y la Administración del Estado, quienes han mostrado sensibilidad ante la situación hídrica de la isla. El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, aseguró que el proceso ha sido riguroso y legal, y que Canal Gestión tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta que se implemente una nueva solución.
La propuesta de resolución será presentada en la próxima Asamblea General del Consorcio del Agua. Una vez adoptado el acuerdo, se remitirá al Consejo Consultivo de Canarias, que deberá emitir su informe en un plazo máximo de 40 días, buscando así garantizar un servicio de agua más eficiente y sostenible para Lanzarote.
