Los tres concejales de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, han celebrado la recepción de un dictamen de la Dirección General del Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial. Este informe les otorga la razón en cuanto a la situación política y administrativa del alcalde y los cinco concejales que gobiernan con él, tras su expulsión de un partido.

En un comunicado, los ediles de NC han instado a la "recuperación inmediata de la legalidad en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana". Han pedido que el alcalde "acate no solamente el posicionamiento del secretario municipal y los recientes autos judiciales, sino también, y de manera inequívoca, el posicionamiento del Ministerio de Política Territorial".

Desde Nueva Canarias lamentan que la situación haya tenido que ser confirmada por un ministerio del Gobierno de España, lo que demuestra, según afirman, que "el alcalde de Santa Lucía de Tirajana ha cometido una ilegalidad al evadir y no tomar conocimiento del informe del secretario municipal", un informe que el propio Ministerio considera "bueno y válido".

Los concejales recuerdan que el informe ministerial "señala de manera expresa que la legislación básica local, aquella que afecta a todos los ayuntamientos del país por igual, debe ser interpretada y aplicada de manera homogénea en todo el territorio nacional". Añaden que "en ningún caso corresponde al Gobierno de Canarias interpretar o regular legislación de base estatal", invalidando así el informe de la Viceconsejería canaria que el alcalde utilizó para justificar su actuación.

Los representantes de NC ya han presentado un recurso de reposición solicitando al alcalde la anulación de "su decisión de elegir de manera interesada el informe de la Viceconsejería canaria, en contra de la legalidad vigente y en perjuicio del informe preceptivo del secretario municipal". Siguiendo las directrices del informe ministerial, los tres concejales han acudido a la Delegación del Gobierno en Canarias para exigir el cumplimiento de la legislación básica local y que se adopten las medidas oportunas ante la "situación irregular que el alcalde ha provocado de manera deliberada".