La ordenación del Ministerio para la Transición Ecológica contempla la instalación de molinos eólicos marinos en Lanzarote que podrían alcanzar una altura similar a la de la torre Eiffel, entre 247 y 260 metros. Estos se ubicarían a una distancia de tan solo 1,7 a 1,8 kilómetros de la costa sur de la isla.
Estos datos se desprenden de un informe encargado por la Fundación César Manrique. El documento subraya la necesidad y urgencia de llevar a cabo un estudio científico exhaustivo para evaluar las afectaciones sobre el entorno, la flora y la fauna, con el fin de comprender el impacto global del negocio eólico.
El informe, titulado 'Diagnóstico potencial del desarrollo eólico integral en las Islas Canarias y, en particular, en la isla de Lanzarote', ha sido elaborado por el Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela, bajo la dirección de Rosa María Regueiro. Analiza tanto la eólica terrestre como la marina, proponiendo la delimitación de dos espacios de implantación mediante la zonificación POEM.
El estudio advierte que ninguna transición energética puede considerarse justa si deteriora el paisaje, compromete el turismo sostenible, debilita la pesca artesanal o pone en riesgo el patrimonio cultural y económico de la isla.
La transición energética es irrenunciable. Su legitimidad dependerá de cómo y dónde se hace y de que nadie pague un precio desproporcionado para que otros cobren el beneficio.
Se sugiere seguir el modelo danés, donde la titularidad pública garantiza que los beneficios reviertan en la sociedad de la isla. En cuanto a la eólica terrestre, se prioriza la repotenciación de parques existentes, la instalación fotovoltaica en tejados y el impulso de comunidades energéticas locales, antes de sacrificar suelo agrícola y paisaje.
Respecto a la eólica marina, el informe señala que las zonas propuestas coinciden con áreas de alta densidad pesquera. Critica que la flota artesanal es "invisible en los mapas oficiales" y que la zonificación podría afectar negativamente a este sector, así como a la pesca recreativa y actividades deportivas.
Los autores critican que el modelo actual implica que Lanzarote asume todos los costes (ambientales, territoriales y sociales), mientras los beneficios económicos se marchan fuera. Advierten del gran impacto visual de los molinos propuestos.
Los caladeros, la seguridad alimentaria, la cohesión de las comunidades costeras y el paisaje marino son bienes de interés general, no externalidades negativas del progreso. Deben ponderarse en igualdad de condiciones con los objetivos de descarbonización.
Se solicita la corrección de las zonas propuestas, incorporando datos reales de cofradías y organizaciones pesqueras. El estudio propone la creación de Zonas de Uso Prioritario Pesquero (ZUPER) para proteger los caladeros esenciales y pide suspender la tramitación de proyectos en zonas sensibles hasta que se corrija este aspecto.
Finalmente, se recomienda un modelo de participación activa y de propiedad pública que respete el territorio y la identidad de la isla, asegurando que los beneficios de explotación permanezcan en el territorio y que la capacidad instalada pertenezca a particulares, cooperativas o empresas públicas para evitar la especulación.
