El consistorio de Haría, en Lanzarote, ha aprobado el Plan de Comprobación y Control de las Viviendas Vacacionales. Esta iniciativa, que se extenderá durante los próximos cuatro años, tiene como objetivo principal revisar la situación administrativa y las condiciones de estos alojamientos turísticos en el término municipal.
La resolución, firmada por el alcalde Alfredo Villalba el pasado 14 de septiembre, detalla que el plan entra en vigor de manera inmediata y se aplicará a las viviendas vacacionales existentes con anterioridad al 13 de diciembre de 2025. La información para este censo provendrá de la Consejería competente en materia de turismo del Gobierno de Canarias.
La finalidad del plan es doble: por un lado, verificar la documentación que autoriza la actividad turística y, por otro, asegurar que se cumplen las condiciones exigidas para su funcionamiento. Se creará un inventario municipal de las viviendas inscritas en el Registro General Turístico y habilitadas mediante declaración responsable o título equivalente.
Además, se prevé la georreferenciación de estos alojamientos para integrarlos en un Sistema de Información Geográfica. Esto permitirá identificar áreas con alta concentración de viviendas vacacionales y optimizar la planificación de las inspecciones futuras.
La primera fase del plan se centrará en la revisión documental, incluyendo declaraciones responsables y licencias. El Ayuntamiento podrá requerir la subsanación de deficiencias o la regularización de la actividad. Posteriormente, se analizarán indicadores de riesgo y posibles irregularidades, lo que podría derivar en inspecciones presenciales para comprobar las condiciones reales de los inmuebles.
La segunda fase abordará la comprobación de las condiciones técnicas, funcionales, ambientales, urbanísticas y de seguridad de las viviendas. Las inspecciones se organizarán según la antigüedad de las inscripciones y se desarrollarán en distintos periodos de revisión. Se realizarán también actuaciones específicas ante indicios de riesgo o irregularidades comunicados por autoridades.
El plan considera de riesgo grave, entre otros supuestos, aquellos casos en los que el número de alojados supere el 150% de la capacidad declarada de la vivienda. Al finalizar el periodo de cuatro años, se elaborará una memoria evaluatoria que se remitirá al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias.
