La organización ecologista Turcón ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía y la Demarcación de Costas, alertando sobre el uso de maquinaria pesada y los movimientos de tierra llevados a cabo en la playa y el barranco de Veneguera. La entidad solicita la intervención de estos organismos ante las actuaciones que, según afirman, se han producido dentro de los límites de la servidumbre y la protección del dominio público marítimo-terrestre.

Turcón considera que la empresa propietaria de los terrenos, identificada como Lopesan, ha excedido sus competencias al corregir los perfiles de la playa y el barranco. El colectivo califica estas acciones como "improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca" en una zona natural poco alterada.

Según testimonios y material gráfico recopilado por ciudadanos, maquinaria pesada habría eliminado el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, trasladando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la playa hacia una zona de antiguo aparcamiento, donde el material fue acumulado.

Ante esta situación, Turcón cuestiona la naturaleza exacta del supuesto proyecto de "renaturalización" de Lopesan en Veneguera, preguntando qué actuaciones contempla, bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están realizando estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo.

Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las respalden y cuáles son los verdaderos objetivos de la intervención. Expresan su temor a que estas acciones puedan derivar en una progresiva limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes de la isla.

El colectivo manifiesta su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que estas actuaciones formen parte de una "estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano" a un espacio natural de valor emocional, cultural y social para el pueblo canario.

Como medida cautelar, Turcón solicita el precinto de las obras en ejecución y requiere a los responsables que se abstengan de continuar, bajo advertencia de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.