La situación de varios miembros de la corporación municipal de Santa Lucía de Tirajana ha quedado en suspenso. Un reciente informe de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, recibido este lunes, ha generado una nueva controversia al contradecir la posibilidad de que el alcalde y otros cinco ediles adquieran la condición de no adscritos.
Ante este documento, el secretario municipal ha emitido una certificación en la que señala la imposibilidad de determinar de forma “jurídica inequívoca o irrefutable” una alteración en la situación corporativa de los afectados. Esta conclusión se basa en que ni su informe previo ni el actual son vinculantes, y al provenir de distintas administraciones, no es posible establecer cuál prevalece. El secretario ha aclarado que sus funciones no incluyen dirimir este tipo de controversias jurídicas.
“"No se puede constatar, de una forma jurídica inequívoca o irrefutable, que se haya producido una alteración de la situación corporativa de los afectados."
El nuevo dictamen de Función Pública contradice el criterio inicial de la Secretaría General, que consideraba que los ediles debían pasar a no adscritos tras su salida de Nueva Canarias para unirse a Primero Canarias. El informe autonómico, solicitado específicamente para el caso de Santa Lucía, argumenta que no procede modificar la condición de los concejales, ya que se mantienen afiliados al Bloque Nacionalista Rural (BNR), partido que formó parte de la coalición electoral con la que concurrieron a las elecciones municipales de 2023.
Según Función Pública, la normativa permite la movilidad entre partidos dentro de una misma coalición electoral sin que esto implique la pérdida de adscripción al grupo municipal. Además, advierte que una interpretación contraria podría vulnerar el derecho fundamental al ejercicio del cargo público, tal como han establecido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El dictamen también enfatiza que la legislación vigente excluye expresamente a las coaliciones electorales de las previsiones relacionadas con el transfuguismo.
Sin embargo, este informe difiere de una decisión judicial del pasado 6 de marzo, que denegó medidas cautelares a Primero Canarias y señaló que el pacto de coalición no contempla el abandono voluntario, lo que podría constituir un fraude de ley. La situación será abordada en el pleno ordinario de abril, convocado para este jueves, donde se informará sobre la situación de los corporativos a la luz de este nuevo pronunciamiento.
