La organización sindical Sepca ha elevado una queja formal a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social respecto a las condiciones del taller de mecánica ubicado en las instalaciones municipales de Servicios Públicos de Santa Lucía de Tirajana. La denuncia se centra en deficiencias estructurales que, según el sindicato, podrían comprometer la salud de los empleados.
El escrito detalla que parte de la cubierta del taller presenta daños y le faltan láminas, lo que permite la entrada de palomas. La acumulación de sus excrementos sobre las áreas de trabajo supone un riesgo, ya que podrían caer sobre los operarios mientras realizan sus funciones diarias.
Sepca asegura que estas deficiencias fueron constatadas durante una visita técnica, pero lamenta que no se hayan implementado medidas para solucionar el problema. La organización sindical considera que estas condiciones laborales son inaceptables y reprocha al Ayuntamiento la inacción para garantizar unas instalaciones seguras y adecuadas.
“"Solicitamos a la Inspección de Trabajo que intervenga a la mayor brevedad posible y adopte las medidas necesarias para proteger la seguridad de la plantilla."
La denuncia, registrada en abril, ha llevado a inspectores de Trabajo a visitar las instalaciones. Aún se espera una resolución oficial sobre el expediente abierto. El secretario general de la sección sindical, Juan Manuel Pérez, ha expresado su preocupación por la falta de cambios, afirmando que las condiciones persisten sin correcciones.
Adicionalmente, Sepca ha presentado otra denuncia acusando al consistorio de "discriminación continuada" hacia los trabajadores de planes de empleo. Según el sindicato, estos empleados reciben salarios inferiores a los del personal municipal con funciones similares y sufren otras diferencias de trato, como la escasez de taquillas.
La denuncia señala que los trabajadores de planes de empleo deben usar ropa particular, a diferencia del personal municipal que recibe dos uniformes anuales según el convenio colectivo. Las diferencias salariales se estiman en unos 300 euros mensuales para categorías profesionales equivalentes, situaciones que ya han sido reconocidas como discriminatorias en sentencias judiciales firmes.
