La primera línea de playa de Puerto Rico, en Mogán, ha sido nuevamente el foco de una manifestación. El propietario de varios locales en la zona ha decidido expresar públicamente su descontento y el de sus empleados ante las acciones del Ayuntamiento de Mogán, que han llevado al cierre de otro de sus restaurantes, El Pirata, por carecer de la licencia de apertura obligatoria. Este precinto se hizo efectivo el pasado 4 de marzo de 2026, sumándose al del local Gran Canaria, clausurado en el verano de 2023. Al empresario le quedan otros tres negocios en la misma área: Atlanta, Venecia y El Tiburón.

La entidad que gestiona los establecimientos ha iniciado acciones legales contra una ciudadana extranjera y su abogada, quienes han presentado múltiples denuncias ante el Ayuntamiento. Estas denuncias se relacionan principalmente con la música en vivo que se ofrecía en los locales, la cual, según la denunciante, perturbaba su derecho al descanso. El empresario asegura haber cesado la música el 8 de febrero, fecha en la que despidió al músico que trabajaba con él desde hacía 28 años. Sin embargo, el 15 de febrero, la ciudadana volvió a denunciar, lo que sugiere al afectado otras motivaciones detrás de las quejas.

El responsable de los negocios también ha informado sobre una investigación en curso contra un agente de la policía local, que ya se encuentra en fase de procedimiento abreviado. Además, ha acudido a la Fiscalía para exponer todos los hechos que considera ilegales y perjudiciales para sus intereses. El empresario, con 58 años y 42 años de actividad en Puerto Rico, siente que la situación pone en riesgo la estabilidad y el bienestar de su familia y el suyo propio, y afirma que el cierre de sus locales va más allá de un simple problema empresarial, de ahí su decisión de denunciarlo públicamente con pancartas.

Desde el gobierno municipal se ha mantenido que la actuación se debe a las denuncias por ruido de una ciudadana, lo que llevó a descubrir que los locales carecían de licencia de apertura. En el caso de El Pirata, la primera orden de cierre data del 30 de abril de 2024. Tras un recurso de reposición desestimado el 25 de julio del mismo año, el empresario interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas, sin que el Ayuntamiento tenga constancia de que solicitara medidas cautelares. Dado que la decisión administrativa se hizo firme y el local seguía abierto, un informe de Urbanismo instó al precinto el 28 de enero, y la orden de clausura inmediata se firmó el 25 de febrero, ejecutándose el 4 de marzo.