La denuncia, interpuesta por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín, señala a diversas administraciones y empresas, incluyendo el Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas, Red Eléctrica de España y la Dirección General de Energía del Gobierno canario. Se les acusa de la presunta comisión de cuatro delitos relacionados con el incumplimiento de la normativa de emergencias durante el evento meteorológico.
Según el colectivo, estas presuntas anomalías provocaron el aislamiento de unas 3.000 personas y pusieron en riesgo la vida de algunas de ellas, que tuvieron que ser rescatadas de las violentas escorrentías que descendieron por el cauce que delimita los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
“"Las administraciones y empresas encargadas de ejecutar la central hidroeléctrica de Salto de Chira no cumplieron las determinaciones de la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de ese proyecto ni implementaron el Plan de Emergencia de las Presas, obligatorio por el Real Decreto 264/2021."
La plataforma también argumenta que, como consecuencia de las obras, se abrió el desagüe de la presa de Soria, impidiendo la contención de las aguas pluviales. Esto, aseguran, incrementó sustancialmente los caudales que bajaron por el barranco, causando inundaciones en carreteras y áreas cercanas que aislaron a los vecinos. Además, se reportan vertidos e inundaciones en el circuito hidráulico y los túneles de las infraestructuras, con evacuación de lodos y otros materiales que “presuntamente acabaron en el dominio público y en el área marítima protegida”.
Entre los delitos que se imputan se encuentran el de riesgo catastrófico por imprudencia grave, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por los vertidos, prevaricación administrativa por omisión debido al incumplimiento de deberes legales de prevención y alerta, y omisión del deber de socorro o imprudencia profesional por la falta de activación de alertas y desatención a los riesgos poblacionales.
Como pruebas, la plataforma ha aportado copias de noticias de medios locales, material gráfico y videográfico, una imagen satelital Copernicus del 20 de marzo de 2026 que muestra la mancha de lodo en el mar, el acta de una reunión entre las administraciones implicadas y los vecinos el 9 de abril de 2026, y una relación de testigos.




