Empresa endeudada vendió a Mogán un edificio polémico por 1,5 millones

La mercantil, con deudas superiores al millón de euros y un solo empleado, adquirió el inmueble a Criteria Caixa.

Imagen de una estructura de hormigón inacabada en Canarias.
IA

Imagen de una estructura de hormigón inacabada en Canarias.

El Ayuntamiento de Mogán adquirió una polémica estructura de hormigón por 1,59 millones de euros para vivienda social, a una empresa con deudas superiores al millón y un solo trabajador.

La empresa Hoteles Nuevo Milenio, que vendió al Ayuntamiento de Mogán una controvertida estructura de hormigón por 1,59 millones de euros destinada a vivienda social, arrastra deudas que superan el millón de euros y cuenta con un único empleado, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2024.
La mercantil compró en 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de CaixaBank, el esqueleto de cemento, una obra inacabada que a principios de siglo causó daños a una casona del siglo XVIII. La administración municipal mantiene oculta la cantidad exacta de la operación.
En la escritura de compraventa entre ambas partes, todos los importes, incluido el precio y el IGIC, aparecen tachados. El Consistorio, liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), admitió haber adquirido el inmueble basándose únicamente en ese documento, según un informe del Negociado de Patrimonio.
El concejal Juan Manuel Gabella (Nueva Canarias) solicitó una copia íntegra de la escritura del edificio, ubicado en la calle Guardia Juan Martín Quesada. El Negociado de Patrimonio respondió que solo disponía de la copia entregada por la vendedora, con los importes tachados.
Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, ha presentado un recurso alegando que Hoteles Nuevo Milenio pagó considerablemente menos, unos 425.000 euros, lo que implicaría una plusvalía superior al millón de euros en pocos años.
Hoteles Nuevo Milenio, constituida en 2001 con un capital social de 13.830 euros, tuvo como administrador único a Julio Méndez, quien relevó a Eugenio Hernández, procesado en el caso 18 Lovas. La empresa declara como actividad principal el comercio al por menor de vehículos de motor, a pesar de su objeto social inmobiliario.
Las cuentas de 2024 reflejan una media de un solo trabajador con contrato indefinido y un gasto de personal de 72.171 euros. El patrimonio total de la compañía asciende a 2,3 millones de euros, con deudas que superan el millón, de las cuales 534.000 euros son a largo plazo y 529.560 a corto.
La adquisición de la estructura de hormigón por el Ayuntamiento de Mogán está financiada con fondos del Gobierno de Canarias, a través de una ayuda de 2,5 millones de euros del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI). La tasación externa que fijó el valor en 1,59 millones de euros no mencionó la casona histórica derruida hace 25 años por Braum Rott SL.
El Ayuntamiento ordenó en su día el restablecimiento del orden jurídico y la realidad física alterada respecto a la casona histórica, pero nunca se abrió expediente sancionador ni se trasladó a la Fiscalía. La orden de restauración quedó incumplida.
La operación incluye dos fincas catastrales: la de la mole de hormigón (titularidad de Hoteles Nuevo Milenio) y la de la casona derruida (titularidad de Braum Rott SL). Sin embargo, la información registral y catastral no coincide, y el Ayuntamiento no figura como titular de fincas colindantes a la casona histórica.
El concejal de NC, Juan Manuel Gabella, ha expresado dudas sobre si el Ayuntamiento ha adquirido formalmente la casona histórica, la Casa de Florita, y ha exigido una aclaración inmediata. La concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz, ofreció versiones contradictorias sobre la totalidad de la compra.
El empresario Juan Manuel Pérez León ha presentado un requerimiento solicitando la revisión de oficio de la operación, alegando una posible sobrevaloración económica y cuestionando la transmisión efectiva de la Casa de Florita. También señala la ausencia de valoración para la restauración de la casona.
Pérez León también cuestiona la ubicación del inmueble respecto al Barranco de Mogán, sugiriendo una posible ocupación histórica del cauce, a pesar de la defensa técnica del Ayuntamiento.
El gobierno municipal defiende la operación, argumentando que el rescate del edificio es la opción más lógica y sostenible para acelerar la entrega de viviendas sociales.