La propuesta que se somete a debate en el pleno municipal busca asegurar la estabilidad jurídica de más de 200 personas y entidades. Estos afectados, que incluyen propietarios de atraques, locales comerciales, viviendas y el hotel Livvo Puerto de Mogán, mantienen derechos cedidos por la actual empresa explotadora, Puerto de Mogán SA.
El gobierno local pretende formalizar convenios de colaboración con cada uno de los beneficiarios. Esta medida responde a la incertidumbre generada entre los titulares, quienes adquirieron sus derechos bajo la premisa de que estos se mantendrían durante la vigencia de la concesión administrativa original, otorgada inicialmente en 1981.
Para formalizar la petición ante Puertos Canarios, el consistorio debe depositar una fianza provisional de 183.437 euros, equivalente al 2% del presupuesto de las obras proyectadas. Además, el plan incluye un compromiso de inversión de 13,3 millones de euros en las instalaciones portuarias.
La situación se complica por la disputa sobre quién ostenta la legitimidad para solicitar la prórroga. Mientras el Ayuntamiento sostiene que se reservó este derecho en 1987, la empresa privada también ha presentado su propia solicitud, un conflicto que actualmente se dirime en los tribunales.
