La alcaldesa de Mogán ha iniciado una campaña para obtener el respaldo de otros regidores de la isla. Su objetivo es celebrar una junta extraordinaria del Consorcio Insular de Emergencias para detener el proceso de selección de 37 plazas de bomberos y asegurar la exclusión de 12 bomberos interinos. Estos profesionales han estado en servicio desde 2019 y su situación de abuso de temporalidad ha sido reconocida.
Tras un encuentro con los bomberos afectados, sus familiares y otros miembros del cuerpo de emergencias, la alcaldesa expresó su desconcierto ante la celeridad del Cabildo en este proceso. La primera prueba está programada para el 24 de mayo. La alcaldesa aboga por respetar el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del Consorcio en octubre de 2023, que establecía que los bomberos interinos solo deberían pasar por un concurso, y no por una oposición, para obtener su plaza, dado que ya superaron un proceso selectivo previo que se extendió por casi una década.
“"No es justo que tengan que superar otro proceso selectivo cuando ejercen funciones ordinarias como cualquier otro bombero de la entidad."
La Junta de Personal de los bomberos del Consorcio ha emitido un comunicado, citando una nota del Tribunal Supremo. Esta nota, basada en una sentencia del 11 de mayo de 2026 (caso Obadal), reconoce el uso “fraudulento” de la temporalidad para aquellos trabajadores que, habiendo superado una oposición sin obtener plaza, han tenido contratos temporales posteriores. En estos casos, el Tribunal Supremo avala la fijeza contractual como medida reparadora, situación que aplicaría a los 12 interinos mencionados.
Sin embargo, la sentencia también aclara que la contratación temporal de personal laboral por parte de las administraciones públicas, sin un procedimiento de acceso al empleo público, no otorga a esos trabajadores la condición de fijos como consecuencia directa del abuso de temporalidad. Esto se debe a que se vulnerarían los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública.
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha emitido un comunicado explicando su postura. Argumenta que la convocatoria y sus bases son actos administrativos válidos y eficaces, negociados y aprobados por la Mesa General del Consorcio, y se presumen ajustados a derecho mientras no sean anulados judicialmente. Existe un recurso contencioso administrativo contra la Oferta Pública de Empleo de 2024, y se ha solicitado su suspensión, lo que convierte el asunto en una cuestión sub judice.
El Cabildo concluye que no es viable proveer las plazas mediante un sistema de concurso o restringido, ya que el marco legal aplicable a los funcionarios no lo permite, salvo excepciones establecidas por ley. Además, las condiciones para aplicar el concurso previsto en la Ley 20/2021 no se cumplen, pues esta se refiere a plazas estructurales ocupadas temporal e ininterrumpidamente desde antes de enero de 2016. El Cabildo asegura que, si en el futuro se dictara una legislación o criterio jurisprudencial que amparara las aspiraciones de los bomberos, lo aplicaría sin dudarlo.
