La formación sostiene que el expediente administrativo carece de un documento jurídico fundamental para su correcta tramitación. Se trata de la escritura pública fechada el 21 de septiembre de 1984, que formalizó en su momento la transmisión de la posición concesional del recinto portuario.
Desde el grupo municipal han señalado que la interpretación de dicho documento es el eje central de la controversia actual. La solicitud de paralizar el expediente durante el pleno para completar la documentación fue desestimada por el equipo de gobierno local, que procedió a votar el acuerdo.
