La plantilla ha manifestado su rechazo al acuerdo plenario que busca privatizar la gestión de las hamacas, argumentando que este servicio, municipalizado desde 1997, es de utilidad pública y genera ingresos significativos para el municipio.
Los empleados critican las declaraciones de los representantes políticos que afirman la inviabilidad de la gestión pública directa, considerando que el servicio de hamacas es esencial para el turismo y aporta beneficios económicos considerables a la localidad.
“"Los datos del informe económico aprobado no se corresponden fehacientemente con la realidad del servicio, mezclándolo con el servicio de quioscos sin incluir los ingresos y gastos del mismo, cuando lo que se quiere desmunicipalizar es solo el servicio municipalizado de hamacas y sombrillas."
Los sindicatos UGT y FSOC han anunciado que impugnarán el informe económico que sustenta la desmunicipalización, alegando que presenta anomalías y mezcla servicios para justificar la privatización y favorecer a empresas privadas. Señalan que el estudio infla los gastos de una posible gestión pública y omite ingresos relevantes.
La asamblea insta a los grupos políticos de la corporación municipal a detener el proceso y optar por una gestión a través de una empresa pública, como ocurre en otros municipios. Los trabajadores denuncian lo que consideran una instrumentalización de ciertos representantes políticos en el proceso, deslegitimando a los representantes sindicales y encargando informes económicos sesgados.
Según el comunicado, el informe económico fue votado en contra por exconcejales de Nueva Canarias y del PSOE, y contó con la abstención de los técnicos municipales. Los trabajadores advierten que la privatización podría generar economía sumergida, inseguridad laboral y pérdidas millonarias para las arcas públicas y la ciudadanía.
