El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado públicamente la agresión y ha criticado que el juicio no se celebre hasta mayo, dos años y medio después de los hechos. Esta demora, según el sindicato, agrava la indefensión de los profesionales de la salud.
La profesional agredida interpuso una denuncia tras el incidente, pero la prolongación del proceso judicial subraya la percepción de un sistema lento y poco ágil. A pesar de haber regresado a su puesto de trabajo tras más de siete meses de baja laboral, las secuelas físicas y psicológicas persisten, requiriendo rehabilitación y seguimiento médico.
“"Esta realidad genera miedo, estrés y desmotivación entre los profesionales, y plantea un serio problema estructural para el sistema sanitario."
El sindicato ha señalado que este caso ilustra una doble vulnerabilidad: la agresión en el entorno laboral y la lentitud del proceso judicial posterior. Además, han recordado que el centro de salud de Tacoronte ha sido escenario de varias agresiones en los últimos años, lo que ha llevado a reiteradas peticiones de soluciones para garantizar la seguridad del personal.
SATSE también ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla del centro, especialmente en el servicio de urgencias, donde solo hay una enfermera y un médico. Esta situación provoca una alta presión asistencial y deja al personal expuesto a situaciones de riesgo, especialmente fuera del horario de presencia de seguridad.
La violencia contra los profesionales sanitarios no solo está en aumento, sino que corre el riesgo de normalizarse, según el sindicato. Las cifras a nivel del sistema sanitario público muestran una tendencia ascendente, con 664 agresiones registradas en 2025 frente a 544 en 2024. De estas, 68 fueron agresiones físicas en 2025, lo que confirma que este tipo de incidentes sigue siendo una realidad frecuente en hospitales y centros de salud.
