Un informe elaborado por el Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO) pone de manifiesto que los hogares canarios que han suscrito un nuevo acuerdo de arrendamiento desde marzo de 2020 han visto deteriorada su capacidad de compra en diez puntos porcentuales. Este fenómeno se debe a que el incremento del precio de las rentas ha superado la subida salarial registrada en el mismo periodo, afectando no solo a la disponibilidad de ingresos para otros gastos básicos, sino también empujando a algunos hogares hacia la precariedad.
El estudio detalla que, si bien los salarios logran mantenerse frente a la subida de los alquileres en contratos ya existentes, colapsan ante los nuevos acuerdos. Las viviendas que cambian de inquilino o salen al mercado experimentan incrementos de precio tan significativos que anulan cualquier avance salarial reciente.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las que registran mayores subidas a nivel nacional. Entre 2015 y 2024, el precio de los nuevos contratos de alquiler se ha disparado un 43% en esta provincia, empatando con Toledo y Castellón, y solo superada por Valencia, Baleares y Málaga. En contraste, los contratos existentes solo aumentaron un 23%. En la provincia de Las Palmas, la subida en nuevos contratos es del 35%, similar a Madrid o Barcelona, mientras que los contratos antiguos crecieron un 21%. Estas brechas de casi 20 puntos en el Archipiélago evidencian que las mayores alzas se producen en las renovaciones contractuales.
El informe también señala que la mayor parte de este encarecimiento se ha producido después de la pandemia. La pérdida de poder adquisitivo entre 2015 y 2024 alcanza el 9%, una cifra que se acerca a la experimentada en tan solo cuatro años tras la crisis sanitaria.
CCOO atribuye esta situación a la limitación del incremento del alquiler y a la escasez de vivienda pública. Según el sindicato, las restricciones a las subidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado tradicional, destinándolas al alquiler vacacional o de temporada. Esta presión, sumada a la falta de construcción de un parque público de viviendas, genera una 'tormenta perfecta' que preocupa a los inquilinos ante la proximidad del vencimiento de sus contratos.
