Esta postura fue manifestada por Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, durante la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) en Bruselas. Caraballo expresó la preocupación del ejecutivo canario por las repercusiones del acuerdo para las Islas, que entrará en vigor en junio, y la falta de claridad sobre su impacto real en el Archipiélago.

El viceconsejero reiteró la necesidad de incluir a Canarias en el diseño de la política migratoria europea y en los foros Unión Europea-África, dada su posición como zona frontera al sur de Europa. Además, solicitó el reconocimiento formal de la Ruta Atlántica como un sistema migratorio específico, distinto de los flujos mediterráneos, para diseñar estrategias adaptadas a sus características, como los trayectos de más de 2.000 kilómetros en embarcaciones precarias.

Una de las principales inquietudes es el Reglamento de Triaje del Pacto, que podría prolongar la estancia de migrantes en Canarias hasta seis meses, un periodo “inasumible para un territorio limitado y fragmentado como el Archipiélago”, según Caraballo. También criticó la exclusión de Canarias de los planes nacionales para la aplicación del Pacto, a pesar de ser la comunidad más afectada por las llegadas marítimas.

El Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de una mayor financiación y solidaridad por parte de Bruselas, con fondos regionalizados y normas flexibles que se adapten a las condiciones del Archipiélago. Asimismo, alertó sobre el riesgo de que los nuevos procedimientos conviertan a Canarias en un espacio de retención y la falta de información al respecto.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, que actualmente suman unos 3.000 bajo la tutela del Gobierno de Canarias, se considera prioritario un sistema europeo de protección con reubicación obligatoria y rápida, financiación estable para su acogida, educación y salud mental, y estándares comunes de tutela en todos los estados miembros.