En las costas de Canarias hay 398 puntos desde los que se vierte agua al mar, cinco menos que el pasado año. La mitad de estas emisiones (51%) no cuentan con autorización ni han iniciado el proceso para obtenerla, si bien esto no implica necesariamente que sean contaminantes, según aclara el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés.
Montañés asegura que no hay motivo para «preocupar a la ciudadanía» y mantiene la posibilidad de que una cifra cercana al 85% de los vertidos tengan autorización el próximo año. Las dificultades para lograr esta normalización pueden ser «tanto técnicas como documentales», lo que afecta incluso a infraestructuras estratégicas como la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del teatro en Gran Canaria.
El director general insiste en que, en la gran mayoría de los casos, aun sin autorización, los vertidos no generan «impacto medioambiental». Si se suman los que han iniciado el proceso para operar con la documentación en regla pero aún no lo han completado, la tasa de no autorizados se eleva hasta el 68,5%. El objetivo de la Consejería de Transición Ecológica y Energía es reducir esta tasa significativamente en los últimos meses de legislatura.
El optimismo de Montañés se basa en el impulso dado a estos trabajos en los últimos años, destacando las «muchas conversaciones establecidas» y el trabajo desarrollado en este ámbito. Reconoce que los «procedimientos son sumamente complejos», lo que retrasa la resolución final.
La competencia de la consejería se ciñe a «autorizar los vertidos conforme a la legislación vigente», mientras que los cabildos y ayuntamientos asumen el grueso de la labor. Se trabaja conjuntamente con ellos para mejorar el grado de certificación de los vertidos. Tenerife, a través de su Cabildo y municipios, es citada como un actor más activo que trabaja por propia iniciativa, a diferencia de Gran Canaria, donde la «preocupación» por este tema es más reciente, lo que explica «diferentes velocidades» en abordar el problema.
A pesar de las diferencias, el interés por reducir la presión de los no autorizados existe en todas las islas. Montañés estima que Tenerife alcanzará el objetivo en «pocos años», lo que podría servir de ejemplo para otras islas.
El censo de vertidos se dio a conocer por primera vez el pasado año. Los trabajos inspectores han continuado, hallando nuevos vertidos y dando de baja otros, como el de una piscina que ya no necesita verter al mar gracias a un nuevo sistema. Los avances tecnológicos permiten detectar vertidos que antes escapaban al control.
Los vertidos de mayor tamaño están controlados por la comunidad autónoma, cuyo rol principal es también acelerar los procesos de autorización. Por islas, Tenerife acumula el mayor volumen de puntos de vertido (176), seguida por Gran Canaria (116). En cuanto a vertidos sin autorización, Tenerife tiene 73 puntos y Gran Canaria 70.
Estas dos islas, con mayor actividad económica y volumen turístico, presentan mayores necesidades de tratamiento de aguas. Les siguen Fuerteventura (38) y Lanzarote (36), islas con alta incidencia de la industria alojativa. La Palma (17), La Gomera (11) y El Hierro (4) completan el recuento.
Los procesos de regeneración de aguas residuales en todas las islas mantienen la esperanza de un Archipiélago con riesgo cero de vertidos contaminantes. Ángel Montañés afirma que no existe motivo de alarma y que la calidad general de las aguas costeras «es buena».
