A pocos días de que expire el plazo establecido por el Gobierno central para la transferencia de fondos, las Islas siguen a la espera. Fuentes del Ejecutivo autonómico, presidido por Fernando Clavijo, han asegurado que el dinero no ha llegado y no hay indicios de una recepción inminente.
Este retraso se produce en un contexto donde los avances diplomáticos hacia un cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán han progresado, a pesar de recientes incidentes. La diplomacia internacional avanza, pero el compromiso financiero con Canarias permanece sin cumplir.
El acuerdo, alcanzado en abril, estipulaba una aportación estatal de 15 millones de euros antes del 30 de junio para cofinanciar las medidas anticrisis adoptadas por la comunidad autónoma. Adicionalmente, se contemplaba un incremento hasta más de 60 millones si el conflicto se extendía más allá de los tres meses iniciales.
El pacto fue anunciado conjuntamente por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente Clavijo. No obstante, el Gobierno regional señala que la ayuda no se ha materializado, reavivando la preocupación por un posible diseño de políticas estatales que no consideran las particularidades fiscales y energéticas de las Islas.
La situación se remonta al escudo anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, que incluía bonificaciones fiscales (IVA en electricidad, gas, combustibles) con escaso impacto directo en Canarias, donde se aplica el IGIC. El Ejecutivo regional, a través de la diputada Cristina Valido, ya había solicitado un tratamiento específico para las Islas, dada su dependencia del transporte y su singular sistema energético.
La negociación culminó en el acuerdo específico de abril, cuyo incumplimiento genera malestar. El Gobierno canario activó su propio paquete de medidas el 7 de abril, incluyendo la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a productos energéticos, con un coste estimado de 3,9 millones para los primeros 100 días. También se reforzaron las devoluciones de impuestos para transportistas y agricultores.
Otras medidas del escudo canario incluyen la ampliación de bienes esenciales al 0% de IGIC (sal, mantequilla, café) y la elevación del límite de facturación para autónomos. El coste previsto para estas medidas asciende a 12,5 millones de euros.
La ausencia de los 15 millones prometidos por el Estado agrava la tensión institucional, ya que Canarias contaba con esta financiación para complementar su respuesta económica. Mientras el alto el fuego en Irán ya tiene fecha, la llegada de los fondos estatales para las Islas sigue siendo incierta.
