El Parlamento de Canarias aprueba la reforma de RTVC

La nueva ley busca dotar de estabilidad al ente público y evitar bloqueos, pero la oposición critica una menor supervisión parlamentaria.

Fachada del Parlamento de Canarias.
IA

Fachada del Parlamento de Canarias.

El Parlamento de Canarias ha aprobado la reforma de la ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC), que reorganiza el funcionamiento del ente público tras años de bloqueo en sus órganos de gobierno.

La reforma, aprobada con el respaldo de los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico, busca dotar de estabilidad a la radiotelevisión pública y evitar situaciones de parálisis institucional. Sin embargo, PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox han rechazado el texto, argumentando una reducción del control parlamentario y una mayor concentración de poder en la figura del director general.
La nueva norma sustituye a la ley de 2014, que nunca llegó a desplegar plenamente su modelo de gobernanza, obligando a recurrir a fórmulas transitorias. Los grupos que apoyaron la iniciativa, como Coalición Canaria y el PP, defendieron que la reforma es necesaria para evitar que RTVC "quede bloqueada" y superar "ridículos estrepitosos" del modelo anterior.
El principal punto de controversia ha sido el nuevo sistema de elección de la Junta de Control. Aunque sus siete integrantes seguirán siendo designados por el Parlamento, se introduce una segunda votación donde bastará la mayoría absoluta si no se alcanzan los tres quintos en el primer intento. Para el Gobierno y sus socios, este mecanismo previene futuros bloqueos, mientras que la oposición lo considera un "retroceso democrático" que concentra el poder "en una sola persona".
La ley también incluye cambios laborales importantes. Se establece que Televisión Canaria deberá emitir al menos 1.600 horas anuales de contenidos informativos con personal propio, y Radio Canaria un mínimo de 3.500 horas, cifras que se alcanzarán progresivamente hasta 2027. La producción de informativos recaerá en trabajadores de las entidades públicas, aunque se mantiene la posibilidad de contratar empresas externas para trabajos complementarios.
Este aspecto de los medios propios fue modificado durante la tramitación parlamentaria, incorporando un "blindaje" para garantizar la producción con personal propio tras las movilizaciones de la plantilla. La nueva regulación también crea un Comité Profesional para velar por la independencia y veracidad de la información, y obliga a que la programación garantice la presencia de las ocho islas en los contenidos y cobertura territorial.