La construcción de la central hidroeléctrica de Tenerife en el barranco de Badajoz, prevista para el próximo año, utilizará dos de los grandes huecos creados por cinco empresas que extrajeron áridos durante casi medio siglo. La ejecución de este proyecto requiere la recalificación del suelo afectado y que el Gobierno de Canarias haga efectiva la sentencia del Tribunal Supremo, que le asigna la responsabilidad de recaudar los 185 millones de euros destinados a la rehabilitación de la zona.
Hasta el momento, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha encargado a la empresa pública Gesplan un estudio de recuperación ambiental. Un portavoz de la consejería ha manifestado que la central de hidrobombeo es la mejor opción para restaurar el desastre ecológico del Valle de Güímar, aprovechando el espacio existente para los embalses.
“"Siempre hemos defendido que la mejor opción para restaurar ambientalmente el desastre ecológico del Valle de Güímar es impulsar ahí una central de hidrobombeo, aprovechando que ya contamos con el espacio necesario para los embalses. Hoy podemos decir que ese problema histórico ha encontrado una solución."
Sin embargo, casi 21 años después del inicio del proceso por delito ecológico, persiste el silencio en torno a la ejecución de la sentencia. Un abogado denunciante ha expresado su expectativa de que el Ejecutivo autonómico informe sobre lo recaudado y quién ha cumplido con los pagos, recordando que algunos empresarios evitaron la cárcel mediante un acuerdo que incluía la rehabilitación y el pago de la restauración.
La sentencia establece que el Ejecutivo regional debe rehabilitar los barrancos con el dinero de los condenados. La recaudación de los 185 millones es una de las principales incógnitas para los denunciantes, quienes exigen el cumplimiento estricto de la resolución judicial. El Tribunal Supremo desestimó los recursos de los empresarios, respaldando así el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La futura central hidroeléctrica, que aún no tiene proyecto aprobado, ocupará dos de las seis canteras de áridos existentes. Una de ellas es la cantera Badajoz, y la otra es la cantera Agache. Un portavoz de los denunciantes ha señalado que cualquier obra en este enclave debería estar precedida por el cobro de la cuantía establecida.
La cifra de 185 millones de euros es significativamente inferior a las estimaciones iniciales. Un peritaje de 2010, encargado por la acusación particular, valoró el daño en 203 millones de euros. Otro documento de 2016, elaborado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), cifró en casi 345 millones de euros la inversión necesaria para recuperar la zona.
La Audiencia Provincial descartó las propuestas de restauración de los empresarios condenados, basándose en un informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Este informe, de 2020, consideró los planes «inejecutables» debido a que generarían contaminación atmosférica, contribuirían al cambio climático y causarían daños a la salud, entre otros problemas, por la necesidad de realizar más de 1,7 millones de viajes de camión para rellenar los huecos.
La restauración ambiental de los barrancos de Güímar debe ser financiada por los empresarios condenados, según lo establecido por la Audiencia Provincial en 2016 y ratificado por el Tribunal Supremo en 2023. Un portavoz de los denunciantes espera que el Gobierno de Canarias recaude los 185 millones de euros antes de cualquier otro acuerdo con los empresarios, quienes siguen siendo los propietarios del suelo. Un portavoz de la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha confirmado que se negocia la disponibilidad del terreno para la central hidroeléctrica.
Esta infraestructura, una obra de Red Eléctrica de España, representa una inversión superior a los mil millones de euros. Tendrá 200 megavatios de potencia y permitirá almacenar unos 3.200 megavatios a la hora, cubriendo un tercio de la demanda eléctrica diaria de Tenerife. Se estima que su vida útil superará los 75 años y que estará a pleno rendimiento en un plazo de 10 a 12 años.
