Tras las elecciones andaluzas, el Congreso de los Diputados retoma su actividad legislativa con la vivienda como principal foco de debate. El Partido Popular (PP) presentará varias proposiciones de ley 'antiocupación', previamente impulsadas en el Senado y bloqueadas en la Cámara Baja, buscando generar debate y posible fragmentación en el bloque de la investidura.

La iniciativa popular propone un procedimiento exprés para el desalojo de ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas, permitiendo al juez ordenar el abandono del inmueble o la presentación de un título de ocupación. De no cumplirse, la policía podría proceder al desalojo inmediato. Además, se plantean penas más elevadas por usurpación de viviendas y se despenaliza el corte de suministros en inmuebles ocupados ilegalmente, permitiendo que el presidente de una comunidad de vecinos inicie el proceso.

Se prevé la oposición de los partidos del Gobierno y sus aliados de izquierdas, aunque podría haber abstenciones o apoyos de formaciones como Junts y PNV, especialmente en lo referente al corte de suministros. La abstención de estos últimos, junto al apoyo de Vox, podría dar la victoria a la propuesta del PP.

Paralelamente, el PP presentará una moción contra las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusan de "sectarismo" e "intervencionismo". Exigen un cambio de rumbo con medidas para aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia, proponiendo el "silencio administrativo positivo" para licencias de construcción, avales públicos para jóvenes, rebaja del IVA de la vivienda nueva y agilización de trámites.

En respuesta, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llevará al pleno proposiciones no de ley para reprobar la "falta de mecanismos de control y transparencia" en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante y Logroño, ciudades gobernadas por el PP. Piden que las viviendas protegidas tengan protección permanente y se destinen exclusivamente a residencia habitual.

Por su parte, Sumar presentará una iniciativa para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos buitre, una propuesta que previsiblemente será rechazada por el PSOE. También proponen una mayor fiscalidad a empresas y fondos de inversión propietarios de vivienda, buscando marcar un perfil propio en materia de vivienda.