Un hecho sin precedentes ha sacudido la administración de justicia en el Archipiélago. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar si una abogada empleó inteligencia artificial para una demanda penal. La sospecha surge tras descubrirse que el recurso presentado para exculpar a su representado se basaba en datos, bibliografías y sentencias completamente ficticias, creadas mediante herramientas de IA. Este caso ha generado una profunda indignación en el entorno legal de las Islas y pone de manifiesto los riesgos del uso descontrolado de la tecnología en procesos penales de alta gravedad.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del TSJC han sido contundentes al evaluar los documentos aportados por la defensa. Consideran que los escritos presentados por la profesional del Derecho carecen de "los mínimos de rigor y veracidad requeridos a cualquier escrito de naturaleza jurídica". El engaño digital se detectó cuando los analistas del tribunal intentaron verificar el historial de los fallos judiciales citados en el recurso de apelación.

La resolución judicial del TSJC detalla el alcance del fraude documental. Según recoge el auto, la práctica totalidad de la jurisprudencia utilizada para intentar anular la condena del procesado no existe en ninguna base de datos oficial. El tribunal constató que los fallos judiciales citados "son inventados, no correspondiendo ni su número, ni su fecha, pues en el 99% de los casos es incorrecta".

Las citas textuales de jueces y juristas de prestigio que la letrada incluyó para dar peso a sus argumentos eran, en realidad, "alucinaciones del software utilizado sin ningún tipo de supervisión humana posterior". El tribunal subraya con dureza que "no se duda de que han sido obtenidas a través de la inteligencia artificial sin llevar a cabo comprobación alguna, lo cual resulta sumamente reprochable", abriendo la puerta a posibles expedientes disciplinarios de carácter deontológico.

Más allá del insólito escándalo procesal provocado por el mal uso de la informática, el TSJC se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, desestimando íntegramente el recurso de la defensa. Con esta decisión, se ratifica la condena de 18 años de cárcel impuesta a un hombre de más de 80 años, declarado culpable de agredir sexualmente de manera continuada a su nieta y a su nietastra durante el año 2017. El tribunal penal ha desmontado los intentos de la defensa por anular las declaraciones de las víctimas, confirmando que estas se realizaron con plenas garantías legales.